Sin perder su línea de argumentación mantenida los últimos seis años, el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, propuso hoy en la Comisión de Legislación que una nueva Ley de Probidad debe incluir también a los privados cuando se relacionen con el Estado o estimulen actos de corrupción en la esfera pública.

Rodríguez aseguró que se necesita una reforma al artículo 240 de la Constitución para ampliar el rango de aplicación de la ley y que esta abarque a los privados, pero además, que los delitos no prescriban y haya retroactividad en su aplicación.

La ley debe innovar el artículo 240 y no aplicarse únicamente a los servidores públicos.

El funcionario, quien es cuestionado por apoyar la secretividad de los viajes del anterior presidente Mauricio Funes y por guardar silencio frente a las operaciones inmobiliarias del ex presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes; quiere ahora que la ley implique un pacto nacional de integridad contra la corrupción.

El pacto implicaría el prohibir las donaciones a los partidos políticos de personas jurídicas y la transparencia en el financiamiento de la publicidad electoral en los medios de comunicación.

“El privado y el público deben tener la misma sanción e igualdad de persecución”, insistió ante los diputados el funcionario.

Entre los sujetos obligados a declarar incluyó a las directivas de las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos.

Rodríguez propone que también se adhiera a la declaración patrimonial; una declaración de interés para los funcionarios que detalle la participación o inversión en sociedades mercantiles, asociaciones o fundaciones a las que ha pertenecido el funcionario y el listado de relaciones contractuales.

En las sanciones o multas se establece una propuesta entre 2 y 15 salarios mínimos para los funcionarios que no presenten su declaración de patrimonio en el tiempo establecido.

En dos semanas los diputados recibirán al grupo gestor de la Ley de Probidad, quienes explicarán los alcances de su proyecto enviado al legislativo.