El Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, aseguró hoy que su grupo parlamentario de GANA prepara una iniciativa de ley para que un nuevo impuesto para financiar la seguridad pública en el país, sea financiado por las empresas telefónicas y no por todos los contribuyentes.

Antes de comenzar la sesión plenaria de este jueves, Gallegos dijo que prepara la propuesta la cual podría estar lista la próxima semana para ser presentada formalmente ante los parlamentarios.
“La idea es que paguen unos 10 a 15 millones de dólares mensuales, porque reciben millonarios montos en ganancias anualmente”, aseguró Gallegos, quién agregó que si las empresas no quieren pagar el nuevo tributo se pueden ir del país.
Gallegos dijo hace 30 días que el nuevo impuesto a la seguridad debería ser obtenido grabando con más impuestos a los grandes capitales. En la última semana ha cuestionado a las empresas telefónicas por no bloquear la señal de telefonía celular en los sitios donde se encuentran los centros de reclusión de donde se presumen salen las principales órdenes para cometer asesinatos y delitos contra el patrimonio.
Por su parte, el diputado Rodrigo Ávila , de ARENA dijo que el problema de inseguridad que vive el país no es un problema del financiamiento, sino de voluntad política. “Tienen $422 millones en gasto ordinario, más los préstamos y la ayuda internacional; lo que sucede es que hay falta de creatividad e inoperancia”, sostuvo.
“Cualquier propuesta que ayude a mejorar los ingresos y mejorar el combate a la criminalidad debe de estudiarse, porque la condiciones de recursos que dispone el Ejecutivo son insuficientes, sobre todo luego de la decisión de la Sala de lo Constitucional de detener la colocación de $900 millones en bonos “, dijo Misael Mejía, diputado del FMLN, quien aceptó que no conocía el contenido de la iniciativa.
Arnoldo Marín, de la bancada del PDC dice que mientras no hay una propuesta consensada no están de acuerdo en impuestos focalizados, ni en afectar a la empresa privada.
El PDC se inclina por un plan de reclutamiento para los jóvenes en riesgo de las comunidades para albergarlos en recintos especiales donde se les enseñe a trabajar.
“Ir a poner un impuesto a un sector empresarial, así, sacado de la manga de la camisa, no estamos de acuerdo”, finalizó Marín.