Diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad del congreso recibieron hoy a un equipo interinstitucional para brindar insumos a la formulación de la Ley contra Delitos Informáticos, que fue retirada ante los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad.
El equipo interinstitucional está conformado por Fusades, la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), la Cámara Americana de Comercio, compañías telefónicas y algunos medios de comunicación escritos y digitales.
«Tenemos a un equipo interinstitucional que nos ayudará a formular mejor esta ley, y que tendrán que ver con el funcionamiento de la misma. Para redes sociales no podíamos invitar a todo mundo», recalcó el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz.
Los distintos grupos parlamentarios reconocieron que en el primer intento por aprobar la ley, dejaron muchos vacíos y por ello se les cuestionó, pero que ahora, con el apoyo de todas esas instituciones, se tendrá un mejor producto.
«Sabemos que se nos ha criticado mucho por esta ley, específicamente por el artículo 24 (que versa sobre la pena de cárcel por difundir imágenes, audios o videos a través de redes sociales cuyo contenido cause daños a la moral de una persona) que debería derogado», afirmó el diputado arenero Rodrigo Ávila.
Otro de los puntos que la Cámara Americana de Comercio señaló como importante que se legisle sobre «la recolección de evidencia en redes sociales, ya que en muchos casos se pueden alterar o manipular». Mientras, el diputado Ernesto Vargas señaló la dificultad que representaría «perseguir perfiles anónimos (conocidos como trolls) en la redes sociales» y si el Código Penal contempla estos delitos.
El equipo interinstitucional acordó enviar más observaciones sobre la ley en los próximos días. Donde los diputados recibirán los insumos para adecuarla a la redacción actual de la normativa. En julio pasado, los diputados se disponían a discutir esta ley en el pleno, asegurando que contaban con el aval de todas las fuerzas políticas.
Ante la presión social, los parlamentarios decidieron retirar el dictamen, y devolverlo a la comisión, para su respectivo estudio a profundidad.
