Organizaciones de la sociedad civil presentaron este día el anteproyecto de la nueva ley de probidad pública a los servidores y funcionarios de los tres órganos del Estado, que en su mayoría, estuvieron ausentes en el evento. Sin la presencia de los presidentes de los tres órganos del Estado y un escaso número de diputados, en su mayoría, diputados de Arena.

El conversatorio contó con la participación del jefe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia -entidad encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de funcionarios- Carlos Pineda, quien avaló la creación de dicha normativa, puesto que la «actual ley, está obsoleta».

«Personalmente he participado en la elaboración de cinco anteproyectos previos, y ninguno ha llegado a un feliz término, espero que esta vez sea diferente», manifestó Pineda.

El pasado 13 de abril, el equipo gestor de la Ley de Probidad Pública solicitó a la Asamblea Legislativa, la incorporación de estos en el estudio de dicha ley, a fin de contar con una normativa elaborada en conjunto, legisladores y sociedad civil.

La actual ley de probidad data desde 1959 y entre algunas fallas, destaca que no puede existir denuncias de corrupción de un ciudadano hacia un funcionario, así como multas que no van más allá de 100 colones -moneda vigente en aquel tiempo- tampoco una confiscación de bienes al sospecharse un enriquecimiento ilícito de un servidor público, en fin, una ley ‘sin dientes’ como mencionó Pineda.

«No logramos alcanzar el 100% de las declaraciones juradas de patrimonio en la sección de Probidad, esto debido a la debilidad de la misma», señaló.

Por su parte, la diputada Ana Vilma de Escobar celebró que desde la sociedad civil se haga una propuesta que ayude a la transparencia. «La corrupción frena el desarrollo del país, sin embargo aun no tenemos cultura para exigir cuentas claras a los funcionarios, esta ley vendría a contribuir en parte», manifestó.

El anteproyecto de ley se encuentra en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, donde solo se recibió en carácter de correspondencia.