El equipo gestor del anteproyecto de la Ley de Probidad Pública compartirá mañana con funcionarios públicos dicha propuesta de normativa, que sustituya a la antigua ley que data desde 1959. La propuesta de la sociedad civil es contar con una normativa acorde a los tiempos, y que garantice la probidad de los funcionarios de elección pública, así como evitar el enriquecimiento ilícito.
«El principal flagelo hoy en día en todas las sociedades, se llama corrupción. Vean los ejemplos de otros países que están despertando (Guatemala y Honduras) que exigen cuentas claras a sus funcionarios», destacó Claudia Umaña de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), miembros del equipo gestor de la ley.
Actualmente, existe un borrador de la ley en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, presentada en octubre de 2014, sin embargo, en abril del presente año, el equipo gestor se presentó a la Asamblea para solicitar se tomen en cuenta los insumos elaborados por la sociedad civil en la aprobación de dicha ley.
Bajo el lema «esta ley hará que te veas bien» para los funcionarios públicos, y «exijamos cuentas claras» para la sociedad civil, las organizaciones esperan una pronta aprobación de la Asamblea Legislativa de la ley.
«Queremos dotar de herramientas a la ley, pues la que existe actualmente es una obsoleta. Fue aprobada hace 56 años y no cumple con los fines para los cuales fue creada», mencionó Javier Castro de Fusades.
Además de los órganos del estado, se espera contar con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General, Procuraduría de DDHH, Tribunal de Ética Gubernamental, Consejo Nacional de la Judicatura e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
