A los partidos del bloque oficial no les agrado en absoluto que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, admitieran la demanda contra el Decreto 1000 por vicios en el proceso legislativo, pero principalmente por la medida cautelar de detener la negociación y colocación de $900 millones de dólares en títulos valores.

Utilizando los más variados calificativos, los diputados del FMLN-GANA aumentaron los ataques contra la sala calificándola de responder a una agenda partidaria, interpretar antojadizamente la Constitución, asumir facultades exclusivas del legislador y promover la delincuencia al impedir la llegada de fondos frescos al aparato de seguridad pública.

Norma Guevara del FMLN acuso a los magistrados de impulsar una agenda para bloquear al gobierno de Salvador Sánchez Cerén. “Esto en un insulto, es una falsedad, una acción política de querer maniatar al gobierno”, dijo a los diputados.

Y es que la Sala impidió al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva comenzar la colocación de la primera parte de los títulos valores que saldrían al mercado nacional este jueves con el propósito de hacer llegar unos $100 millones a la PNC para el combate del crimen.

La Sala atendió un recurso presentado por el ciudadano Rene Alfonso Guevara Aguilar, referente a la violación al proceso legislativo en la aprobación del decreto que permita emitir títulos hasta por los $900 millones. En una primera votación el proyecto no alcanzo los votos requeridos y la diputada Lorena Peña pidió inmediatamente que regresara al estudio de la comisión de hacienda.

Una hora más tarde, sin previa reunión de la comisión, el dictamen se trajo al pleno para ser aprobado por 56 diputados. Guevara Aguilar argumenta que se violo el proceso que establece la Constitución.  Los diputados del bloque oficial argumentan que cumplieron con lo establecido en el Reglamento Interior.

Lorena Peña dice que el demandante ha mentido ante la sala. Sostiene que en ningún momento solicito que el dictamen pasara al archivo.  “Nunca jamás el decreto fue al archivo, la presidente de la comisión  pidió que el decreto regresara a la comisión”,  aseguro Mario Ponce.

Por su parte ARENA dijo que la decisión de la sala abre la posibilidad de establecer consenso. Rolando Alvarenga dijo que un nuevo decreto podría reunir los 56 votos si existe entendimiento.

El Diputado René Portillo Cuadra acuso a los diputados oficialistas de intentar un justificar un fraude de ley, porque invocan el Reglamento Interno cuando la Constitución priva sobre una norma interna.

La junta directiva fue autoriza para responder a la Sala en un término de 10 días y argumentar jurídica y no políticamente la validez del acto en conflicto.