Diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa iniciaron el estudio del anteproyecto de Ley de Inclusión Financiera, en conjunto con el Banco Central de Reserva (BCR), la Fiscalía General de la República (FGR) y las Superintendencias del Sistema Financiero (SSF) y Competencia (SC).

Cada institución presentó sus respectivas observaciones a la normativa, y coincidieron en que se deben regular muchas de las actividades de tipo electrónico que ya se realizan en el país.

«Hay empresas que ya prestan estos servicios en el país, por ejemplo Tigo Money, que factura $36 millones por mes, este tipo de transacción debe tener regulaciones para evitar desnaturalizar el servicio», aseguró el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.

Tigo Money ha sido señalado como un instrumento para la extorsión y transacciones delictivas.

La ley también contemplaría la utilización de dinero electrónico, para incluir a distintos sectores a los servicios financieros.

Al respecto, el diputado de Arena, Ricardo Velásquez-Parker mencionó que el objetivo de la ley es «brindar a la población alternativas para las operaciones financieras, dentro de la libre oferta y demanda que rige la economía del país».

Datos de la SSF identifican a 111 pequeñas empresas entre farmacias, supermercados y otros negocios que ya prestan ese servicio.

La SC se encargará de verificar que funcione la libre competencia entre las empresas que quieran prestar estos servicios. Mientras que la FGR vigilará que no se cometan delitos o fraudes electrónicos, una vez entre en vigencia la normativa.

Luego de recibir los insumos de las instituciones financieras, los diputados continuarán en la construcción de la ley, situación que llevará unas semanas más.