La probidad de los funcionarios no es un tema nuevo, de hecho, tras cada campaña política, los aspirantes a un cargo de elección pública prometen a saciedad ser personas transparentes y probas, aunque en algunos casos este discurso quede en el olvido. Con una ley de probidad obsoleta -data de 1959- hay un equipo gestor que pide reformas a esta ley, con altos estándares de probidad transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

El equipo gestor aglutina a distintas organizaciones del sector civil, tales como Fusades, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación Derecho, Transparencia y Justicia, Funde, Transparencia Internacional, Universidad Francisco Gavidia y ANEP.

Como parte de este equipo, Óscar Campos Molina, Coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de ISD, valora el esfuerzo de aprobar esta ley, que se encuentra en estudio de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

Curul 85: ¿Cómo valora el proceso actual del estudio de anteproyecto de la Ley de Probidad Pública?

Óscar Campos: Cualquier esfuerzo para tener una nueva Ley de Probidad es bienvenida, ahora esperamos que los diputados que van a conformar la nueva Comisión de Legislación agreguen a la agenda de trabajo este tema, que lamentablemente quedó en proceso en la legislatura anterior. Esperamos que tal y como hicimos la petición en abril ante la Asamblea, puedan incorporar a miembros del equipo, para trabajar juntos en este anteproyecto, porque es importante que nosotros formemos parte de esta iniciativa, pues llevamos insumos construidos desde la sociedad civil. Si bien es cierto, la Asamblea ha formulado su propuesta de ley, creo que nosotros podríamos aportar más.

IMG_3417C85: ¿Hay diferencias entre la propuesta elaborada por el equipo gestor de la ley y la formulada por la Asamblea Legislativa?

OC: Sí. Y sobre todo están en la parte de sanciones por incumplimiento de la ley, que no se diferencia mucho a como están actualmente. Nosotros proponemos que si un funcionario público no presenta su declaración patrimonial, o si lo hacen de manera alterada (ocultando bienes inmuebles y otros bienes), puedan ser multados severamente. En la actualidad se contemplan multas que van desde los $14.30 hasta los $571.43; nosotros pedimos que sea de dos hasta 120 salarios mínimos (aproximadamente $4 mil 960), y contempla hasta una inhabilitación al funcionario de 5 años mínimo. Además, que se investiguen a los familiares de funcionarios también, hasta cierto grado de consanguinidad, y que reporten sus patrimonios cada 3 años, durante los próximos, es decir, que los sujetos obligados a declarar por la ley sean más amplios.

C85: Curul 85 constató si los actuales diputados ya presentaron su declaración de patrimonio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), verificando que ningún diputado la ha presentado a la fecha ¿Fue mal elaborada esta ley?

OC: Lo que sucede es que ya es muy antigua la ley. Desde 1959 teníamos esta ley que debe adecuarse a nuestros tiempos. Hay que darle más herramientas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por eso proponemos en el anteproyecto, descentralizar esta unidad y crear la Dirección de Probidad, que funcione de manera independiente y con mayor recursos asignados y que pueda informar a la Fiscalía General de la República (FGR) directamente sobre cualquier hecho que se considere delito. Antes, la CSJ quitó estas facultades a la sección, pero afortunadamente los magistrados actuales quitaron esta medida.

C85: ¿Qué es lo que continua para el equipo gestor de la Ley de Probidad y la promoción de dicha normativa?

OC: Nosotros esperamos una pronta aprobación de la ley, que la construyamos junto con los diputados, y a la población que exija a los funcionarios a ser probos. Nosotros tenemos muchas campañas al respecto; como por ejemplo en twitter, tenemos nuestra cuenta (@ProbidadSV) y facebook Probidad SV; nuestras campañas con la etiqueta #hagamosCUENTAS y queremos que se comparta la ley para que sea aprobada. Además, tenemos un evento el próximo 9 de junio donde invitaremos a todos los diputados y otros funcionarios para que conozcan el anteproyecto de ley.