La Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República y la Corte de Cuentas de la República figuran entre las instituciones que más dificultan el acceso a la información pública, según el sexto informe sobre el derecho de acceso a la información pública, presentado por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción  de El Salvador (ALAC) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

El informe contempla peticiones de información a instituciones públicas, de enero hasta abril de este año. En ese período, ALAC reporta 71 peticiones de información- apegadas a la Ley de Acceso a la Información Pública-, a distintas instituciones del Estado, y entre ellas, destacan 28 peticiones a la Presidencia de la República, 12 a la Asamblea Legislativa y 17 al Ministerio de Gobernación.

«Hay instituciones que restringen la información, y eso va contra la ley, por ejemplo hay funcionarios que lo que hacen es acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo para detener el proceso de petición de información», aseguró el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio.

Además, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Ministerio de la Defensa Nacional y el Banco de Desarrollo (BANDESAL), son otras instituciones que más restringieron la información pública.

Por el contrario, son la Corte Suprema (CSJ), Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño para la Mujer (ISDEMU), las más factibles para otorgar información.

«En El Salvador, no tenemos casos de información desclasificada, y que pueda hacerse pública. Recordemos que desde la misma presidencia de Mauricio Funes, se crearon trabas para el desarrollo del Instituto de Acceso a la Información Pública», mencionó el coordinador de ALAC, Roberto Burgos.

 

Legislatura 2012-2015 entre las más señaladas por falta de transparencia

El informe FUNDE-ALAC destaca además 89 peticiones de información a recién finalizada legislatura 2012-2015. Entre las peticiones, destacó la de gastos en regalos navideños y compra de licores para la fiesta navideña 2012. El proceso finalizó cuando la Sala de lo Constitucional obligó al expresidente Sigfrido Reyes publicar el detalle de los gastos de dicha fiesta:  $92 mil 437 dólares.

Quedó pendiente revelar el nombre de todos los asesores legislativos, algo a lo que se opusieron férreamente todas las bancadas legislativas. Aún no se conoce el nombre de más de 200 asesores de la Asamblea Legislativa.

Roberto Rubio criticó las acciones realizadas desde la Asamblea para evitar en todo momento, brindar este tipo de información. «Se oponen a transparentar los fondos, que provienen de la contribución de todos los ciudadanos», dijo.

Pese a todas estas infracciones a la ley, Rubio lamentó que no existan procesos de castigo a los funcionarios que comenten estas faltas. «No hay condenas, solo multas que incluso no han pagado, como por ejemplo el ex ministro de Economía (Armando Flores) que no canceló una multa de $5 mil», lamentó el director de FUNDE.