Atrás quedo la campaña proselitista de los candidatos a diputados donde pregonaban transparencia, probidad y rendición de cuentas a la población que los eligió.

La realidad siempre dista del discurso, puesto que los diputados recién electos aún no presentan su declaración jurada de patrimonio a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Por ley, los funcionarios tienen la obligación de presentar esta declaración, en los 60 días hábiles a su nombramiento, donde los funcionarios tienen que declarar sus patrimonios, según la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Aunque en teoría los diputados de San Salvador no han asumido sus cargos oficialmente, hay 60 diputados que ya pueden declarar sus patrimonios, situación que no ha ocurrido.

De no presentarse las declaraciones de patrimonio, los funcionarios serían sancionados económicamente. Sin embargo, la sección de probidad no está facultada para investigar si las declaraciones son correctas.

Y es precisamente en el legislativo donde existen mutuos señalamientos de diputados que son tentados por fuertes sumas de dinero a cambio de declararse independientes o de apoyar un proyecto de ley. En el más reciente ejercicio, el propio presidente del órgano, Sigfrido Reyes, fue señalado de ocupar el cargo para formar una serie de empresas que incluso hacen negocios con el Estado.

La sección de probidad también debe recibir el informe de patrimonio de los diputados que no fueron reelectos.