Distintos organismos de la sociedad civil presentaron hoy una propuesta para dar mayor rigurosidad a la aplicación de la ley de Probidad Pública, actualmente en estudio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

«La actual ley que está en estudio de la Comisión de Legislación es muy débil,  por ejemplo, no contempla el cese de un funcionario si se le encontrara enriquecimiento ilícito. Necesitamos una ley robusta, fortalecida y que inviten al grupo gestor a la elaboración de la misma», aseguró Javier Castro,  de Fusades y miembro del grupo gestor.

La ley es una Propuesta para frenar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, así como los conflictos de intereses que se puedan dar y que favorezcan a dichos representantes de la sociedad.

«La ley que tenemos al respecto es muy obsoleta, ya tiene más de 50 años de retraso y urge una reforma para adecuarla a nuestra realidad», añadió Castro.

Por su parte, Patricia Galdámez, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia manifestó que la ley debe abarcar a ex funcionarios y sociedades de economía mixta.

«Que los ex funcionarios declaren su patrimonio al menos 9 años después de finalizadas sus funciones. Y que se creen las instancias de investigación que cuenten con presupuesto y a la vez, con facultades sancionadoras», agregó Galdamez.

La idea es -según el grupo gestor de la ley-  que no ocurran situaciones como las del presidente de la asamblea, y su ex asesor, Byron Larrazábal con la compra de terrenos del IPSFA a bajo costos, en un claro conflicto de intereses.

Por este caso, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) evitó investigar al diputado Reyes.