Los reos que presenten buena conducta, con enfermedad terminal y adultos mayores serán sujetos de aplicación a un brazalete electrónico y salir de los centros penales como medida sustitutiva en los programas de fase de confianza.

En octubre de 2013 la Asamblea aprobó un préstamo por $71 millones para el área de seguridad monto que sería empleado entre otras cosas para la construcción de un centro penal en Morazán (aún no inicia su edificación) y para la compra de brazaletes electrónicos de seguridad. Es hasta dos años después que los diputados avalan la regulación del método de vigilancia electrónica.

Con 57 votos de todos los grupos parlamentarios fue aprobada “Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal”, normativa que excluye de estos beneficios a los privados de libertad que estén siendo procesados o condenados por delitos de homicidio, extorsión, violación, secuestro o narcotráfico.

El diputado Ernesto Ángulo de ARENA aclaro que apoyarían la normativa pues con ella se pone control extra en las medidas sustitutivas y a los arrestos domiciliarios, aseguró que espera que el “gobierno no siga poniendo excusas para combatir la delincuencia”.

La ley establece que los jueces serán los encargados de definir quiénes serán los reclusos que se podrán someter al beneficio. Asimismo  especifica medidas penales para las personas que traten de alterar o quitarse los brazaletes.

Damián Alegría, diputado del FMLN  explico que los nuevos beneficios aliviara el hacinamiento en las cárceles del país “este será un nuevo control del Estado para que algunos reos que cumplan con los requisitos no hagan su pena en los centros penales pero siempre estén bajo el control del Estado».

Se espera que sean cerca de 4 mil privados de libertad se vean beneficiados con este sistema de vigilancia electrónica.