Desde hace unos días, una alianza de organizaciones de izquierda, más la UCA, el movimiento Nuevas Ideas, y de “lejitos” el FMLN, lanzan una “carnada” a la opinión pública para difundir que la derecha quiere privatizar el agua porque en el artículo 14 del anteproyecto de la Ley Integral del Agua se propone que en la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) participen dos directores a propuesta de la ANEP.

Antes de hablar de las verdaderas razones de esta “cortina de agua”, parece relevante aclarar algunos puntos. Esa redacción es parte de un anteproyecto de ley que está en discusión, por lo que el FMLN y cualquier otro partido están en el derecho de proponer otra conformación de la junta directiva, ya sea ampliando el número de miembros para dejar en minoría a cualquier representación privada, o simplemente proponiendo que solo haya representación estatal, tal como lo han estado gritando en la calle. Lo que no se vale es levantarse de la mesa y abandonar la discusión en la Asamblea, sino para qué son diputados.

La participación o no del sector privado en la junta directiva no garantiza ni que la prestación del servicio sea más o menos eficiente ni que los permisos de extracción y explotación del agua no serán otorgados a privados bajo criterios de afinidad ideológica o por pago de favores. En el órgano de gestión del agua no debería haber ni representación del Estado ni del sector privado, sino que debería estar conformado por profesionales en la materia que tomen decisiones técnicas para la conservación y distribución de un recurso vital para el desarrollo. Pero pareciera que seguimos anclados en modelos de gestión de los años ochenta que generan clientelismo e incentivos perversos. ¿Y qué tal que se aprueba una directiva con representantes solo de gobierno y en las próximas elecciones gana ARENA?

Si la preocupación real fuera la eficiencia en la prestación del servicio, las manifestaciones ante la Asamblea o las que realizaron en las calles el fin de semana pasado las debieron haber hecho hace años frente a ANDA, que es el mayor prestador del servicio y cuya gestión se ha caracterizado, en todos los gobiernos sin excepción, por ser una de las más cuestionadas por actos de corrupción por parte de su presidencia. El anteproyecto de la Ley Integral del Agua no data de hace dos semanas. Esta propuesta, junto con otras iniciativas, tiene más de 12 años de estarse discutiendo. ¿Por qué nunca se aprobó algo diferente cuando el FMLN tenía correlación suficiente con alguno de sus aliados?

Para terminar con los puntos aclaratorios. Al leer el anteproyecto no hay ningún artículo que diga expresamente “véndanse los activos y la infraestructura del agua a la empresa privada”. Por el contrario, propone regular un mercado totalmente descontrolado en donde ya existe una oferta amplia de prestadores privados del servicio, en el que una gran parte del público sigue desatendido o recibe un mal servicio. La regulación del otorgamiento de permisos y de la explotación del agua debería traducirse en mayores ingresos para el Estado.

La verdadera razón de esta alianza contra una supuesta privatización se da en un contexto marcado por la revelación del caso “Saqueo Público” en donde están involucradas, hasta hoy, 32 personas ligadas directa o indirectamente a la administración Funes. En segundo lugar se lanza en una coyuntura donde el FMLN siente que va de salida y necesita levantar temas como este como contraataque electoral. Esta alianza se sella con la candidatura de Nayib Bukele, quien aparentemente correrá en el 2019 con el partido Cambio Democrático.

Lo penoso de todo esto, al margen de ser una maniobra electoral, es que la ley del agua no será aprobada nuevamente y quizá no lo sea en toda la legislatura 2018-2021, y no porque tenga visos de privatización, sino porque el desorden del “mercado del agua” favorece a un sector que actualmente se está lucrando de la venta descontrolada de recurso hídrico, sobre todo en las áreas rurales o en las urbanas donde el servicio es casi inexistente.

 

Por Roberto Ocampo