Funcionarios electos dicen que darán transparencia a las actividades de la CCR y negaron tengan vínculos partidarios.

Ricardo Larín

La recién electa presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, salió al paso de los señalamientos de una supuesta vinculación partidaria al extinto Partido de Conciliación Nacional (PCN), donde aparentemente estuvo vinculada hasta el año pasado.

La titular de la CCR presentó un documento en el que consta que no tiene afiliación partidaria, que también mostró durante la entrevista realizada por la Subcomisión Política.


“En hoja de vida que presenté dice que a la fecha no pertenezco a ningún partido político. Los diputados nos han nombrado en estos cargos porque han visto nuestra trayectoria, vamos a trabajar en transparencia”, dijo Rivas.


La funcionaria pidió el beneficio de la duda, que les dejen trabajar y que luego juzguen el manejo de la institución.

El segundo magistrado de la CCR, Roberto Anzora, aseguró que tras su nombramiento, trabajarán en equipo y con transparencia en tan cuestionada institución

“Debemos marcar una diferencia en la fiscalización de fondos públicos, trabajaremos en equipo”, manifestó Anzora.

Por otra parte, el ahora magistrado suplente Osmín Cunza, por el que algunos diputados de ARENA decidieron no votar, dados los cuestionamientos que pesaban sobre él sobre finiquitar $48.7 millones del Ministerio de Agricultura cuando era juez de cuentas, dijo que “lo que se cuestionaba era una situación de tipo administrativo que se tomó a bien desvanecerse”. Además acusó a los medios de comunicación de divulgar esta información sin conocimiento del proceso que llevó.

“No puedo entender el alboroto creado por absolver a un funcionario, es una información mediática la que se ha manejado. Una demanda debe reunir ciertos requisitos, en ningún momento se habló de facturas, es un manejo mediático”, mencionó Cunza.

Con la sombra de una declaratoria de inconstitucionalidad, los funcionarios de la Corte de Cuentas inician hoy su administración que concluirá en el 2020. La institución contralora estaba acéfala desde el pasado 30 de julio.