Analistas políticos señalan que la elección de Carmen Rivas y Osmín Cunza podría dar paso a demandas en la Sala de lo Constitucional.

Gabriel Recinos

El lunes pasado, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron a Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona y Roberto Antonio Anzora como presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Además, nombraron a Nolberto Osmín Cunza y Patricia Lissette Bardales como magistrados suplentes del ente contralor.

Al respecto, el analista político Félix Ulloa mencionó que en ambos decretos aprobados en la plenaria, para magistrados titulares y suplentes, hay dudas sobre los candidatos. En el caso de los propietarios, señaló, se podría cuestionar la existencia de delito de fraude a la Constitución, ya que Carmen Elena Rivas aceptó haber tenido participación política con el Partido de Conciliación Nacional.

En los suplentes, mencionó el caso de Osmín Cunza, cuestionado por finiquitar $48.7 millones del Ministerio de Agricultura cuando era juez de cuentas.


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“La elección se hace en una plenaria extraordinaria para salir de la acefalía de la institución. La búsqueda de este acuerdo implicó la división de la votación en ARENA (…) La lección es que si bien hay que buscar la mejor candidatura, procedimiento y acuerdo, hay que hacerlo con transparencia”, expresó Ulloa.

Añadió que la encerrona de la Comisión Política, previo a la aprobación de los dictámenes, “no deja un buen sabor” a la elección.

Por su parte, Jorge Martínez sostuvo que el nombramiento fue “normal” dentro del comportamiento histórico de la elección de magistrados de la CCR.


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Consideró que hay un elemento lógico en el proceso, pues con muchos funcionarios presos y otros de gobierno señalados por hechos delictivos, “es normal que buscaran tener a alguien que los cuide, porque deben estar afligidos”, dijo.

Consideró que al ver a la Corte de Cuentas como una institución peligrosa, les es más conveniente tener en ella a alguien que no les haga daño, que los proteja.

“Esto es histórico, el diseño del gobierno de El Salvador protege la corrupción”, dijo.

“Pareciera que en lugar de tratar de crear un organismo colegiado que vele por las finanzas públicas y la buena administración, tratan de mantener ocultos hechos de malversación de fondos y proteger a políticos que saben que ahí tienen un punto para ser investigados”, sentenció Ulloa.